Distintos episodios que tomaron estado público en los últimos meses alertaron a la opinión pública sobre irregularidades que podrían involucrar a funcionarios del gobierno nacional en la ejecución de maniobras contrarias a la ley.

Uno de ellos es el caso que tiene como protagonista a la ministra de Economía, Felisa Miceli, y a otros funcionarios de menor rango de esa cartera, frente a la dudosa tramitación que iba a terminar en un pago del Estado al Grupo Greco a través de un proyecto de ley -con media sanción de la Cámara de Diputados-, que incluía una partida escondida en un extraño rubro denominado "pagos a proveedores". Incluso desoyendo a la Oficina de Crédito Público, que le comunicó a la Subsecretaria Legal del Ministerio de Economía que, antes de analizar cualquier pago al Grupo Greco, debía reclamársele la suma de 164 millones de pesos que éste le debería al Estado.

En varias instancias de este caso debió intervenir el procurador general de la Nación, Osvaldo Guglielmino, cuyo informe final poco o nada dice al respecto. Sin embargo, fuentes fidedignas señalaron que previamente hubo otro informe más largo que respaldaba el pago al Grupo Greco y que existen varias fotocopias de ese primer dictamen del procurador, que estarían en manos de la oposición.

También debieron intervenir las oficinas de Presupuesto y de Finanzas, al igual que la Secretaria Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, pero ninguna de ellas formuló observaciones al proyecto. Por el contrario, esta última repartición remitió luego el expediente a la Oficina de Consolidación de Deuda para que se dispusiera el pago al Grupo Greco. El expediente del pago, que ya había atravesado distintos filtros, se inició, así, el 26 de mayo de 2006. El senador radical Gerardo Morales fue quien detectó la irregularidad, que había pasado inadvertida por la Cámara de Diputados. Actualmente interviene la Justicia.

No menos importantes son las derivaciones que podría tener el llamado caso Skanska, cuya causa tuvo su origen en 118 facturas "truchas" de 23 empresas diferentes que esta compañía sueca incorporó a sus declaraciones juradas para -en principio- evadir impuestos. Sin embargo, el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart sospecha que la maniobra no se dirigió a eludir las cargas impositivas, sino a ocultar coimas en el marco del proyecto de ampliación de un gasoducto, obra impulsada desde el Ministerio de Planificación Federal.

A raíz de ello, el magistrado dispuso el allanamiento de tres oficinas del citado ministerio y de la sede del Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas).

Entre los documentos secuestrados en esos procedimientos, según versiones periodisticas, se destaca aquel por el cual la empresa Transportadora Gas del Norte (TGN), a cargo de la ampliación del Gasoducto del Norte, habría advertido que se estaban pagando sobreprecios de alrededor del 150 por ciento respecto de las cotizaciones originales para este proyecto y, a pesar de esto, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) habría aconsejado seguir adelante con la obra. Asimismo, TGN habría formulado esta recomendación por escrito refiriéndose a "desvíos" injustificados. La desestimación de esas observaciones también se habría hecho por escrito y con la firma del titular del Enargas, Fulvio Madaro, entre cuyos compañeros de directorio se encuentra Ricardo Velasco, esposo de la ministra de Economía.

Además de la causa del juez López Biscayart en el fuero penal tributario, hay otra en el fuero federal, en el juzgado a cargo de Guillermo Montenegro, donde se investigan los presuntos sobornos del caso Skanska. Entre ambos magistrados se ha planteado un conflicto de competencia que se perfila largo y trabajoso. Es de esperar que ello no entorpezca la investigación ni que sea un motivo para que no puedan determinarse las responsabilidades de los implicados en las maniobras investigadas, con la correspondiente sanción.

El ministro de Planificación, Julio De Vido, volverá a ser investigado por un supuesto hecho de corrupción. En efecto, la Cámara Federal porteña ordenó reabrir la causa en la que se investiga la compra directa y supuestamente irregular por pago de sobreprecio de 15 locomotoras usadas a una firma japonesa. Antes de renunciar a su cargo de juez federal, Jorge Urso había dado por concluida esta causa y había sobreseído a los imputados, entre los que se encuentra también el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. El fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, apeló esa decisión por prematura y la Cámara Federal compartió tal criterio, ordenando al nuevo instructor que cumpla con una larga lista de medidas de prueba pendientes.

La corrupción no es nueva en la Argentina ni es exclusiva de un sector político en particular. Quizás en eso resida su gravedad: es un cáncer presente en nuestro sistema político y, por ende, lo corroe, debilitando a nuestras instituciones y socavando sla confianza ciudadana en la dirigencia.

Por sus consecuencias funestas, la corrupción aumenta el gasto público y la pobreza, frena el progreso, desacredita la autoridad, altera la paz y ensucia la conciencia de una sociedad, además de constituir, en esencia, una violación de los derechos humanos.

Es de desear que la Justicia pueda actuar libremente, sin presiones ni amenazas de ninguna naturaleza, y que los funcionarios involucrados en las denuncias colaboren con las investigaciones sin condicionamientos ni amparándose en cuestionados fueros. Sólo así será posible despejar cualquier sospecha recaída sobre sus personas e individualizar a los verdaderos responsables.